Índice

  1. Problema

    1. Antes de la muerte del autor

    2. Después de la muerte del autor

  2. Propuesta

    1. Entidad de gestión

    2. Donativos y regalías

    3. Transparencia

    4. Repositorio público

    5. Difusión e investigación

  3. Límites

    1. Acto jurídico mortis causa

    2. Alternativa, mas no solución definitiva

  4. Créditos

Derecho de autor cero: entre el derecho de autor y el dominio público

La siguiente propuesta surge ante la falta de certeza jurídica post mortem de las obras abiertas, desde el fallecimiento del autor hasta su traslado al dominio público. Se pretende explicar una alternativa legal para mediar entre el carácter conservador de las actuales legislaciones del derecho de autor y el deseo de muchos autores de que sus obras estén disponibles para todo el público.

Esta propuesta no busca rivalizar con las licencias de uso u otras alternativas del quehacer cultural en pos de la apertura de la información. En su lugar, busca complementarlas al centrarse en el problema de la protección que reciben las obras una vez que los autores han fallecido.

Problema

Antes de la muerte del autor

En la actualidad, los autores que no están de acuerdo con la legislación vigente de derecho de autor cuentan con la alternativa de emplear licencias de uso. Estas licencias surgieron en el ámbito del software libre y de código abierto, buscando promover la libertad de uso del material creado por uno o más autores. Por este motivo la noción de software libre ha sido el punto de partida para otros movimientos como la «cultura libre» o el «acceso abierto». Dentro del campo que abarca el derecho de autor —obras literarias o artísticas; programas de radio o televisión, y software, entre otros— existe una gran cantidad de propuestas de licencias de uso, tales como las licencias Creative Commons (CC), la Licencia de Producción de Pares o la Licencia Editorial Abierta y Libre (LEAL).

Entre los distintos tipos de licencias el concepto de «libertad» es variable, en algunas ocasiones ambiguo e incluso conflictivo. No todas las licencias de uso cumplen las mismas necesidades y en ocasiones restringen ciertos usos, resultando contraproducentes para la libertad en la utilización de una obra. Cabe mencionar que una característica básica de las licencias de uso es que permiten el empleo «gratuito» del contenido. En este sentido es preciso indicar que la gratuidad no necesariamente significa libertad —el copyleft sirve para poder distinguir entre una y otra—.

Sin embargo, la mayoría de los autores optan por las licencias de uso a partir de otras cuestiones:

  1. comodidad, ya que el trámite es tan sencillo como llenar un formulario en internet —y a veces ni eso—, en contraste con los procesos administrativos necesarios para el registro tradicional de una obra;

  2. economía, porque el registro tradicional por lo general requiere cuotas de recuperación, y

  3. difusión, al no haber necesidad de pedir permiso o pagar por el uso de una obra, el usuario será más proclive a difundir el trabajo del autor.

La relación establecida por las licencias de uso entre el autor y el usuario cambia la dinámica cultural. Ante este reto, diversas legislaciones han sido modificadas para que semejantes licencias tengan cabida dentro el ámbito jurídico. Como lo ha indicado CC de manera clara, no existe una rivalidad entre las licencias y el derecho de autor, sino una apertura de «todos los derechos reservados» a «algunos derechos reservados».

Esto ha ayudado a evidenciar un fenómeno recurrente en la producción cultural: el autor tiene que luchar constantemente para hacer valer su voluntad —ya sea de apertura o de cierre—. Aunque el derecho de autor fue constituido precisamente para salvaguardar los intereses del autor, este se ve obligado en el día a día a tolerar ciertas prácticas para tener acceso a una infraestructura cultural en pos de la «libertad» creativa, de la calidad de su obra o de una difusión más amplia.

Muchos de los autores que desean la apertura de su obra tienen que enfrentarse al hecho de que la mayoría de las convocatorias o becas para la producción y difusión de su trabajo implican cierta pérdida de libertad por parte de los usuarios. Es por ello que en ocasiones se recurre a alternativas para sustentar la producción abierta de contenidos, tales como trabajar una jornada adicional, los donativos o el micromecenazgo.

No obstante, esta tensión supone que el autor está vivo. En el plano legislativo esto se conoce como actos jurídicos inter vivos. Es decir, el autor tiene al menos la posibilidad de establecer relaciones que busquen concretar sus intereses. Pero ¿qué pasa cuando el autor fallece? En el caso habitual los herederos continúan con el control de los derechos patrimoniales de la obra, «control» que en muchas ocasiones también fue voluntad del autor. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la voluntad del autor es la apertura de su obra?

Después de la muerte del autor

Las licencias de uso no sustituyen el derecho de autor, sino que facilitan su reproducción. Por ello, el derecho de autor continúa vigente a pesar del empleo de licencias y, también, después de la muerte del autor.

Por convención el fallecimiento del autor no implica el traslado inmediato de su obra al dominio público. Bajo el argumento de salvaguardar los intereses de los herederos o de los productores-editores, hay un lapso de al menos cincuenta años —establecido por el Convenio de Berna— para que la obra al fin sea de acceso y uso libre. No obstante, la prolongación del derecho de autor suele ser mayor; por ejemplo, en la Unión Europea es de setenta años y en México de cien años.

Debido a que muchos de los autores mueren intestados, o sus personas cercanas desconocen los actos jurídicos que fueron celebrados en vida, se crea una ambigüedad jurídica que dura de cincuenta a cien años. Este lapso de tiempo impide la oportuna reproducción de la obra, generando lo que se conoce como «obras huérfanas» —creaciones cuyos titulares de derechos no son conocidos o localizables—.

Solo los grandes consorcios tienen la capacidad legal de producir-editar obras con vacíos jurídicos. Para la mayoría de los productores-editores independientes, la apuesta por la reproducción de una obra huérfana implica el riesgo de enfrentarse a situaciones legales que sobrepasan sus alcances económicos. En estos casos, las obras huérfanas que no representan altas ganancias —como pueden ser las obras de culto o para un público muy específico— quedan sin ser publicadas durante varios años.

Pero esta no es la única dificultad: en muchos casos la voluntad del autor no es respetada por sus herederos. No son pocas las situaciones en que estos —sea una institución o algún familiar— son más reservados que su testador al momento de establecer acuerdos para publicar. Este carácter conservador llega al grado de no permitir la reedición de la obra o mantenerla inédita debido a que los herederos intentan obtener el mayor beneficio económico, aumentando los costos de producción —conflicto alimentado por las abusivas prácticas editoriales— y en detrimento de la conservación de la herencia cultural.

Para el caso de los autores que en vida expresaron el deseo de apertura de su obra, este problema se agudiza. También por convención el dominio público no es una adopción voluntaria, sino restringida a las pautas de tiempo mencionadas con anterioridad. Por ello, en muchas legislaciones no existe un medio jurídico para poder trasladar de inmediato una obra al dominio público, aunque la voluntad del autor hubiera sido la apertura de su obra.

La implementación del dominio público voluntario es un debate abierto que seguramente permanecerá así durante más tiempo, ya que en varias legislaciones implicaría una reforma profunda a las leyes del derecho de autor. Esto no implica que tal posibilidad carezca de importancia, sino que mientras la discusión continúe existe la necesidad de crear alternativas, a corto o mediano plazo, para los autores que tienen la disposición de abrir su obra a todo el público.

Estas alternativas no solo han de enfocarse en la creación de licencias uso, ya que el problema no se limita al anhelo de algunos autores por el dominio público voluntario; tampoco a la búsqueda de mayor flexibilidad en los derechos reservados, dentro de un contexto jurídico que continuamente está fortaleciendo al derecho de autor. La dificultad también reside en la concreción de este deseo tras la muerte del autor.

En muchas legislaciones, las licencias de uso tienen un carácter temporal. El permiso de uso o difusión de la obra no es perpetuo: se encuentra limitado a cierto tiempo que, de no ser explícito, cada legislación contempla por defecto. Esto implica que los herederos de los derechos pueden adquirir de nuevo todos los derechos reservados del testador. Como se mencionó antes, las licencias no sustituyen al derecho de autor; esto se traduce en que las licencias de uso no son suficientes para mantener la apertura de una obra por tiempo indefinido.

No se debe pasar por alto que, ante esta situación, también existen alternativas que apuestan por un quehacer cultural más democrático, transparente y comunitario. Sin embargo, mientras el ámbito legislativo no fomente o proteja este tipo de prácticas, cualquier iniciativa de apertura de la información que no incida en la capa legal de la infraestructura cultural carece de garantía para el futuro.

Nuevamente: no por ello carecen de importancia estas iniciativas; por el contrario, son relevantes para mostrar otras posibilidades de quehacer cultural, aunque por ahora sean insuficientes para resolver el problema jurídico de hacer valer la voluntad de apertura expresada por un autor fallecido.

Propuesta

Entidad de gestión

Para salvaguardar el deseo de los autores de mantener abierta su obra una vez que hayan fallecido, es necesaria una red de organizaciones o instituciones que velen por este interés. Estas instituciones han de recibir obras de manera voluntaria, quedando supeditadas a los autores que coincidan en la importancia de la libertad de las personas usuarias para la difusión de su obra y la conservación de la herencia cultural.

Para el eficaz funcionamiento de estas organizaciones se ha de partir desde una dimensión nacional. El Convenio de Berna solo brinda pautas mínimas para la gestión internacional del derecho de autor, provocando que cada legislación presente diferencias sutiles al respecto. Ante tal situación, es necesario que estas instituciones partan del contexto jurídico de su Estado correspondiente, para que cada una se constituya como una entidad de gestión de derechos de autor —«sociedad de gestión colectiva» para el caso mexicano—.

Esto no implica que las distintas instituciones nacionales no puedan organizarse para fomentar lazos de cooperación. Por el contrario, estas relaciones internacionales son necesarias, ya que las problemáticas desatadas por el derecho de autor —y la propiedad intelectual en general— no se acotan a un marco nacional. Lo importante es que su surgimiento sea a partir de las reglas de juego de cada nación.

Para evitar los problemas recurrentes dentro de las políticas culturales, estas entidades han de ser públicas, descentralizadas, autónomas y con un carácter civil. Además, para facilitar la apertura de la obra, el trabajo administrativo del día a día ha de realizarse en la medida de lo posible con formatos abiertos y software libre o de código abierto —medidas características de las «instituciones abiertas»—. Asimismo, requerirá el apoyo de otras organizaciones para el asesoramiento en la conservación de obras culturales libres y estandarizadas, como puede ser el seguimiento a las pautas indicadas en la Definición de Obras Culturales Libres (Definition of Free Cultural Works).

Esta red de organizaciones ha de tener como objetivos en común:

  1. La difusión abierta y gratuita de las obras bajo su resguardo, al igual que su conservación.

  2. La implementación de mecanismos digitales sencillos que permitan al autor ceder los derechos de su obra.

  3. La creación de una estructura tan flexible y democrática como sea posible.

  4. La emisión pública y constante de toda la información concerniente a la administración.

  5. El fomento a la investigación interdisciplinaria en materia de derecho de autor y propiedad intelectual.

  6. El desarrollo y la cooperación tecnológica necesarios para la consecución de los objetivos previos.

De esta manera, el autor que desee que su obra permanezca abierta por tiempo indefinido puede optar por ceder los derechos patrimoniales a estas instituciones sin fines de lucro. Ahora bien, estas serían las principales diferencias entre estas organizaciones y las entidades de gestión tradicionales:

Debido a la simplificación administrativa, la flexibilidad jurídica y el desarrollo tecnológico en pos de la facilidad de uso para autores y usuarios, estas instituciones presentarían diferencias que se sintetizan con la concepción del «derecho de autor cero»:

En cuanto a la capa jurídica, estas organizaciones habrían de erigirse como entidades de gestión de derecho de autor según las pautas indicadas en cada legislación correspondiente. Al indicar la voluntad del autor de ceder sus derechos patrimoniales a esta red cuando fallezca —lo que se conoce como acto jurídico mortis causa—, estas organizaciones tendrían los derechos de las obras en un plano legal. Sin embargo, en la práctica estas instituciones no se desempeñarían de modo punitivo, sino que procurarían la difusión abierta y gratuita de las obras hasta que estas al fin formen parte del dominio público.

En este sentido, la relevancia de estas entidades sería la evasión del vacío jurídico existente en la prolongación del derecho de autor hasta su traslado al dominio público. Del mismo modo, evitaría que la voluntad de apertura del autor sea ignorada por los posibles herederos, como pueden ser otras instituciones habituales dentro de la gestión de derechos e incluso los mismos familiares.

Donativos y regalías

A diferencia de las entidades de gestión tradicionales, las instituciones del derecho de autor cero buscarían ser financiadas mediante donativos. Diversas organizaciones vinculadas al software libre o de código abierto, a la cultura libre, al acceso abierto y a la protección de la privacidad de los usuarios han demostrado que es un modelo económico factible.

No es la intención que los colaboradores de tiempo completo vivan con los lujos y comodidades a las que están acostumbradas algunas de las personas pertenecientes a la industria cultural —ejecutivos de alto rango o grandes productores-editores de consorcios internacionales, por ejemplo—. Pero esto tampoco implica que los colaboradores deban vivir en situación precaria.

La donación de trabajo sería primordial para el correcto funcionamiento de estas organizaciones. Sin embargo, en la medida de lo posible, se habrían de buscar modelos que al menos permitan la retribución de una renta básica para los colaboradores de tiempo completo. De esta manera se pretendería mejorar sus condiciones de vida y la concentración de esfuerzos en el mantenimiento de las instituciones.

Los donativos podrían ser otorgados por cualquier organización o persona, con la explícita indicación de que esto no permitirá influir en las decisiones tomadas dentro de las instituciones. El lobbying estaría absolutamente prohibido. Una medida para evitar el cabildeo sería mediante la publicación de todas las personas o entidades donadoras y los montos concedidos a cada entidad.

Las personas o instituciones que deseen utilizar alguna de las obras bajo resguardo de las instituciones del derecho de autor cero podrán tomarlas de manera gratuita, como se mencionó con anterioridad, o mediante un donativo voluntario. Estas donaciones deberán estar en una lista independiente para que así el usuario pueda identificar quiénes han donado para la utilización del material disponible. Incluso habría que examinar la viabilidad de que se incluya información referente al contenido producido a partir de las obras utilizadas.

Ahora bien, muchos de los autores también desearán apoyar económicamente a otros herederos, por lo cual tendrá que existir la infraestructura adecuada para que esto sea posible. En estos casos, el autor que ceda su obra a estas organizaciones deberá poder indicar un porcentaje por concepto de regalías para otras instituciones o personas de su preferencia. Así, del donativo obtenido por el uso de su obra —no de los donativos hechos directamente a estas organizaciones— se daría el porcentaje indicado a los herederos correspondientes. Los porcentajes de regalías no deberían exceder el cincuenta por ciento, para permitir una relación equitativa entre el mantenimiento de estas instituciones y el apoyo al resto de los herederos.

Con estas medidas de financiamiento y administración se buscaría un trato justo entre el autor, los usuarios, las instituciones del derecho de autor cero y otros posibles herederos. Es primordial que el autor no interprete que su obra quedaría «secuestrada» por estas organizaciones, por lo que la modificación del acuerdo celebrado por este y la institución nacional correspondiente ha de ser lo más breve posible.

Transparencia

Debido a la estructura e intenciones de las instituciones del derecho de autor cero, toda la información referente a su carácter administrativo deberá estar disponible en línea para cualquier usuario, sin necesidad de registro. En especial, la manera en que se utiliza el dinero debería ser información abierta y lo más detallada posible: ingresos, lista de donaciones directas, lista de donaciones por la utilización de obras, lista de colaboradores con renta básica, lista de regalías otorgadas, lista de gastos, etcétera.

Sería ideal también buscar una administración que libere pronto y continuamente. Así como en el ámbito del software existe este esquema de desarrollo, cabría examinar la posibilidad de contar con organismos administrativos y de transparencia que liberen sus contenidos de esta manera, para evitar un mal aprovechamiento del tiempo laboral. O bien, que al menos la información sobre pagos se publique cada semana, quincena o mes. En este sentido, un gestor de versiones podría ser conveniente para poder analizar el historial de modificaciones de estos datos.

Repositorio público

Para la conservación, difusión y uso de las obras, cada institución del derecho de autor cero deberá tener un repositorio público. La búsqueda y descarga de contenidos se haría a través de un sitio en red conectado con todas las bases de datos.

Con la finalidad de alcanzar una mayor difusión y descentralización, los repositorios deberán tener la posibilidad de ser descargados en su integridad o de crear espejos. También sería interesante analizar la viabilidad de subir los contenidos a redes P2P, Library Genesis, Wikimedia Commons o Internet Archive. Aunque parezca descontrolado e incluso contraproducente —pues existe la posibilidad de que un tercero tergiverse la información o utilice las obras para obtener beneficios económicos—, muchos de los autores que cedan su obra tendrían conocimiento de antemano sobre las posibilidades y los peligros que conlleva la descentralización de la información; aunado a esto, también se buscarían mecanismos que reduzcan las posibilidades mencionadas. Más que un riesgo, para varios podría representar la oportunidad de llegar a plataformas de las que ni siquiera tenían conocimiento y que quizá sean fundamentales para la difusión de su obra.

Los repositorios públicos son tan esenciales que sin ellos la creación de estas instituciones tendría muy poco o ningún sentido. Uno de los principales problemas de las entidades de gestión tradicionales es la reducida accesibilidad a las obras bajo su resguardo, o al menos a los metadatos de las mismas. Incluso al existir una base de datos para su consulta, muchas de estas entidades solo permiten la descarga de contenidos a través de un muro de pago —a veces tan poco organizado que implica una comunicación de ida y vuelta a través de correo electrónico—.

Por este motivo, la infraestructura y la cooperación técnica son primordiales para el funcionamiento de estas organizaciones. Sin embargo, esto no implica un gran desafío técnico. En la actualidad la creación de repositorios públicos, si bien no es una tarea que se deba subestimar, tampoco es de tal complejidad que requiera de un equipo grande de programadores.

Difusión e investigación

Los repositorios, los espejos y la disposición del contenido en otras plataformas no son suficientes para la difusión de las obras. En varios países «en vías de desarrollo», la interacción dentro de comunidades digitales independientes a las redes sociales en boga representa un uso minoritario.

Al partir cada organización, desde contextos nacionales específicos, la creación de eventos presenciales podría ser una vía de comunicación directa para alcanzar un mayor espectro en cada comunidad. Más que promover la propia organización, estos eventos deberían plantearse como un apoyo para visibilizar diversos prejuicios en torno al derecho de autor y a la propiedad intelectual, mostrando también otras alternativas o puntos de flexibilidad de los derechos de propiedad intelectual.

La intención de estos eventos sería fomentar la discusión y el debate público de algo que se considera propio de los ámbitos jurídicos o especializados —a saber, la legislación correspondiente a la propiedad intelectual—, para evidenciar que en realidad se trata de un tema que concierne a todas las personas y al futuro de la herencia cultural. Por este motivo, la vinculación con otras organizaciones nacionales con posiciones similares a las instituciones del derecho de autor cero, grandes o pequeñas, formales o informales, es necesaria. Estos nexos también deberían generarse de la manera más equitativa posible. El derecho de autor cero no viene a quitarle espacio o importancia a otros movimientos u organizaciones, sino a suplir una carencia específica, como lo es la falta de certeza jurídica post mortem de las obras abiertas, desde el fallecimiento del autor hasta su traslado al dominio público.

Para una difusión crítica en torno a los derechos de propiedad intelectual, es menester un organismo independiente de investigación. Con «independencia» se entiende que es preciso realizar investigaciones interdisciplinarias que no dependan de instituciones como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Banco Mundial, el Foro Monetario Internacional, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe o las diversas cámaras nacionales de la industria cultural, por poner algunos ejemplos.

Con el fin de evitar que se parta de previos supuestos —como la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo económico—, es necesario analizar no solo el discurso de las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, sino también de las organizaciones con las que tienen afinidades e incluso del mismo discurso del derecho de autor cero, como es el caso la presente propuesta. En este sentido, se puede decir que estas organizaciones requieren, en la medida de sus posibilidades, un departamento de investigación que realice una crítica recursiva y forzosa a todos los actores involucrados en el debate sobre la propiedad intelectual —en otros términos, una metodología de crítica -rf—.

Todos los archivos concernientes a estas investigaciones, y no solo el documento final, deberán estar en un repositorio abierto para que cualquiera pueda cotejarlos y analizarlos. Para quienes solo desean los resultados finales habrán de crearse publicaciones en múltiples formatos abiertos o populares, como MD, HTML, EPUB, PDF o MOBI.

Límites

Acto jurídico mortis causa

El derecho de autor cero no busca «competir» con las licencias de uso. Por ello su ejercicio ha de comenzar una vez fallecido el autor. Cuando esto suceda, en ningún caso las instituciones del derecho de autor cero habrán de revocar licencias o demás elementos que el autor haya definido para la difusión de su obra. Únicamente se concentrarán en conservar y difundir la obra una vez que el autor no se encuentre con vida.

No obstante, valdría la pena discutir la pertinencia de que el ejercicio de estas organizaciones comience en cuanto el autor decida ceder su obra. Un problema grave puede ser que no existan los medios pertinentes para que estas instituciones tengan conocimiento sobre el fallecimiento de un autor. Por este motivo, tal vez el inicio de funciones debería ejecutarse cuando el autor otorgue los archivos de sus obras y de manera paralela a lo que el autor haga para difundir su trabajo. Esta labor no debería interferir con los deseos del autor en ningún sentido.

En el caso de la herencia de derechos a partir del fallecimiento, se celebrará alguna especie de testamento o algún acto jurídico mortis causa similar. Esto implica que cada organización nacional requerirá de colaboradores con licencias de abogacía, pero también implica que se han de buscar los mecanismos jurídicos más simples, económicos y eficientes para asegurar esta transmisión de derechos patrimoniales. Quizá en algunas legislaciones la creación de un testamento no sea necesaria; no obstante, siempre se tendrá que contar con un documento legal ad hoc para evitar cualquier revés.

Para el posible caso del ejercicio de funciones de las instituciones del derecho de autor cero durante el tiempo de vida del autor, y para evitar que el traslado de derechos patrimoniales impida la publicación de la obra en medios comerciales que tal vez el autor desee, esta organización podría actuar como un agente por el cual tales medios puedan acceder al contenido —como cualquier otro usuario—. En este sentido, la relación no sería entre el autor y el medio comercial, sino mediada por el repositorio de la institución.

El único caso en el que este esquema podría resultar conflictivo sería si el medio comercial deseara la reserva exclusiva de los derechos. No obstante, es responsabilidad del autor tener conocimiento de que la apertura de su obra no es compatible con la reserva de todos los derechos. En caso de surgir tal dificultad, sería posible plantear que el autor retire la obra de la organización, tal vez con una pequeña penalización debido a los gastos jurídicos requeridos para la celebración de acuerdos legales, aunada a la generación de una lista pública de obras que fueron retiradas por sus autores.

Alternativa, mas no solución definitiva

El derecho de autor cero no pretende imponer su agenda a otras alternativas abiertas llevadas a cabo por algunas organizaciones o personas. Por este motivo es necesario enfatizar que el derecho de autor cero no es una solución definitiva, sino una alternativa que se inserta en la capa legal para mediar entre el carácter conservador de las actuales legislaciones del derecho de autor y el deseo de muchos autores de que sus obras estén disponibles para todo el público.

Las instituciones del derecho de autor cero caducarían el día en que la legislación correspondiente tome la decisión de crear mecanismos jurídicos oportunos para la conservación abierta de las obras, sin la necesidad de esperar un lapso de tiempo tras la muerte del autor. Es decir, estas organizaciones cesarían sus actividades cuando las leyes del Estado al que pertenezcan permitan el dominio público voluntario.

Mientras tanto, el derecho de autor cero habrá de ser no solo una idea o un concepto, sino una red de instituciones que puedan manejar la voluntad post mortem del autor de mantener su obra abierta con todos los requerimientos de la ley. Se hace énfasis en la institucionalización del derecho de autor cero por el simple hecho de que es la única medida legal y organizada que permite cumplir con sus objetivos.

Por ello, cuando se habla de instituciones, el paradigma no son las instituciones gubernamentales, de iniciativa privada o partidistas, sino instituciones como Free Software Foundation, Electronic Frontier Foundation, Internet Archive, Document Foundation, Creative Commons, Budapest Open Access Initiative, Wikipedia, Project Gutenberg, SciELO, e incluso el movimiento zapatista o el Congreso Nacional Indígena. En este sentido, el término «institución» se usa en su acepción etimológica de «facilidad», «construcción» y «educación».

Si el derecho de autor cero o el dominio público voluntario son posibles sin la constitución de organizaciones, qué mejor para los autores que desean la certeza jurídica de que sus obras permanecerán abiertas una vez que hayan fallecido: el principal propósito de esta propuesta.

Créditos

Redacción
Ramiro Santa Ana Anguiano

Edición
Mariel Quirino Andrade

Revisión
Mariana Eguaras

Edición bajo Licencia Editorial Abierta y Libre.

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